España está en el lado equivocado en la guerra tecnológica del siglo XXI

Desde, al menos, el año 2017, España ha participado en la instalación de tecnología procedente de empresas vinculadas al Partido Comunista Chino, con o sin sede o distribuidor en territorio español o en otros países europeos.

El 12 de marzo de 2019, el Parlamento Europeo, mediante la Resolución 2019/2575(RSP), manifestó una profunda inquietud por el influjo de la tecnología china en la Unión Europea e instó a esta a actuar. Pocos días después, el 26 de marzo de 2019, la Comisión Europea aprobó la Recomendación de ciberseguridad para redes 5G (C/2019/2335).

En septiembre de 2019, la Agencia Federal Alemana (BSI) exigió inspecciones escrupulosas de seguridad en todas las redes inalámbricas (incluido el 5G), antes de emitir autorizaciones para nuevos equipos.

En octubre de 2019, autoridades europeas de ciberseguridad alertaron sobre los peligros que representan las empresas estatales chinas, lo que amplió el debate sobre el suministro en redes 5G.

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Posteriormente, el 29 de enero de 2020, se presentó la Caja de herramientas europea de ciberseguridad (5G Toolbox), junto con una serie de regulaciones que alertaron a todos los Estados de la Unión Europea.

En España, el RDL 7/2022 y el Real Decreto 443/2024 (ENS 5G) permiten restringir o excluir a proveedores de alto riesgo en funciones o zonas críticas del 5G. Esto significa que el Estado español, al igual que los 27 de la Unión Europea, dispone de una normativa relativa a la infraestructura digital crítica. Sin embargo, en algunos lugares del espacio europeo priman más los intereses políticos y otras consideraciones que la seguridad del Estado y de los ciudadanos. En el caso de España, el Gobierno, pese a las normativas, las recomendaciones y los informes de las instituciones responsables de vigilar la infraestructura digital crítica, ha continuado implementando tecnología que no debería encontrarse en determinadas ubicaciones.

España cuenta con una amplia lista de instalaciones de infraestructura digital crítica que, a pesar de los reiterados llamamientos, ha ignorado. El caso de Huawei ha sido la gota que colmó el vaso.

Nuctech: escáneres de seguridad en transporte

La empresa china Nuctech, parcialmente estatal, está sujeta al artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China, promulgada en 2017 y enmendada en 2018, que exige que toda organización y ciudadano apoye, asista y coopere en las labores de inteligencia nacional.

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Esta ley en su artículo 7 establece lo siguiente: «Todas las organizaciones y ciudadanos apoyarán, ayudarán y cooperarán con los esfuerzos de inteligencia nacional de acuerdo con la ley, y protegerán los secretos del trabajo de inteligencia nacional de los que tengan conocimiento.

El Estado debe proteger a las personas y organizaciones que apoyan, ayudan y cooperan con los esfuerzos de inteligencia nacional».

Esto implica que toda empresa privada, pública, semipública o con parte de capital extranjero con sede en China, así como sus sucursales en el resto del mundo, está obligada a recopilar información sobre sus clientes, y que dicha actividad es amparada por el Estado y se mantiene en secreto. Ante este panorama, los Estados miembros del Tratado del Atlántico Norte deben adoptar medidas de protección.

El objetivo es claro: recopilar información con el fin de detectar posibles vulnerabilidades en nuestro entorno. Esto puede derivar en chantajes, invasiones de la privacidad, apropiación indebida de tecnología o ataques cibernéticos, lo que representa un serio desafío para los Estados aliados.

Desde 2019, la empresa pública española AENA ha instalado escáneres de la marca china Nuctech para el control de equipaje.

Además, ADIF dispone de estos equipos para el escaneo de mercancías, al igual que la Agencia Tributaria.

En 2022, la embajada de Estados Unidos en España envió una carta a Puertos del Estado expresando su preocupación por la adquisición de material que podría poner en riesgo la seguridad de los aliados.

Sin embargo, las complicaciones no terminan aquí. En 2017, la Autoridad Portuaria de Barcelona suscribió un acuerdo de colaboración con la empresa estatal china Logink. Logink es una plataforma encargada de la gestión logística de la República Popular China, y recibe el apoyo total e incondicional del Estado chino. Su función consiste en recopilar información logística de diversas fuentes, incluidos puertos extranjeros y chinos.

En un artículo fechado el 25 de abril de 2023 y firmado por Gabriel Collins y Jack Bianchi, del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, se describe este programa informático como «el potencial estratégico para la proyección de poder económico, político y militar».

Esto constituye una preocupación significativa para los aliados, ya que dicho sistema puede localizar cargamentos de armamento altamente sofisticado, así como tecnología clasificada. Este material podría ser objeto de espionaje, permitiendo al Partido Comunista Chino obtener información sobre los últimos avances tecnológicos militares, lo que pondría en riesgo bases militares e instituciones de interés estratégico.

Según la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China del Congreso de los Estados Unidos, en la actualidad hay ocho puertos del espacio Schengen comprometidos con esta tecnología del Partido Comunista Chino.

Sines (Portugal)
Barcelona (España)
Amberes (Bélgica)
Róterdam (Países Bajos)
Bremen y Hamburgo (Alemania)
Ventspils y Riga (Letonia)

DJI: productora de drones

DJI es otra empresa privada china que, como todas las de su país, está sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de la República Popular China.

En agosto de 2019, el Ministerio del Interior de España, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, autorizó la adquisición de ocho drones de la marca DJI MAVICK, y en enero de 2023 se realizó la compra de material adicional para drones de diversos modelos.

Hikvision y Dahua: videovigilancia en sedes oficiales españolas

Las empresas de videovigilancia Hikvision y Dahua son públicas y están vinculadas al Partido Comunista Chino.
Se ha confirmado que al menos 40 cámaras de videovigilancia de la marca Hikvision controlan el perímetro de la Moncloa.

A pesar de las recomendaciones sobre infraestructura digital crítica, estas cámaras han sido instaladas.

Recientemente, el eurodiputado español Jorge Buxadé planteó una pregunta a la Comisión Europea sobre este complejo asunto.

Estos elementos de espionaje han sido instalados en sedes ministeriales, academias militares y bases aéreas. Entre los lugares de interés se incluyen aquellos donde la Princesa Leonor iniciará su instrucción en septiembre: la Academia General del Aire, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la base aérea de Morón, en Sevilla.

ZPMC: grúas de contenedores en puertos

ZPMC, la empresa estatal china de grúas STS, provee y mantiene grúas en Algeciras y Valencia, y tiene programadas entregas entre 2024 y 2025 en varios puertos españoles. Esta infraestructura logística crítica, combinada con el programa Logink, podría representar una seria amenaza para la seguridad.

El Partido Comunista Chino busca figuras jurídicas para comercializar sus productos en el mundo libre y eludir los controles. Es el caso de la empresa Hikvision Spain S.L., que cuenta con tres sucursales en Madrid, Barcelona y Santander.

La marca Nuctech es distribuida por EXCEM GRUPO 1971, S.A.
Los drones DJI son distribuidos por STOCK RC FPV AEROMODELISMO S.L.
Las grúas ZPMC son distribuidas por ZPMC España S.L.

Evidentemente, no se acusa a ninguna de estas empresas de actuar como satélites del Partido Comunista Chino, pero sí se constata que son conscientes de las restricciones que enfrentan estas entidades y que la relación empresarial, aunque no ilegal, resulta inmoral. Esto se debe a que una parte importante de la población tiene conocimiento sobre la situación en China en cuanto a la violación de los derechos humanos, la libertad política y religiosa, así como los proyectos que el Partido Comunista Chino mantiene para la humanidad.

La cuestión fundamental es cómo el Gobierno español, a pesar de contar con normativa y entidades responsables del control de este tipo de empresas en materia de infraestructuras críticas, decide ignorar de manera deliberada cualquier informe, advertencia o recomendación de organismos nacionales e internacionales. Estos documentos, que por responsabilidad deberían servir para proteger a la nación, terminan filtrándose a medios de comunicación, dejando en evidencia una gestión temeraria y sin precedentes.

El resultado es un aislamiento progresivo de España frente a sus socios estratégicos en la UE y la OTAN, debilitando la posición del país en materia de seguridad y confianza mutua. Esta situación no constituye únicamente un error político: representa una amenaza directa a la soberanía nacional, a la seguridad de las instalaciones más sensibles y, en última instancia, a la integridad de la alianza con el mundo libre. Ignorar esta situación no es una opción; persistir en ella constituye una irresponsabilidad que podría costarnos muy caro.