La Guardia Civil interviene en Tenerife 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo

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Turistas sentados en mesas de cafeterías y restaurantes en una zona turística costera del sur de Tenerife 25 de julio de 2015. AFP PHOTO / DESIREE MARTIN
Von , 16 de enero de 2025

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han intervenido 25.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano en un supermercado del polígono industrial de Las Chafiras, en el sur de Tenerife, y su propietario ha sido acusado de un delito contra la salud pública.

Durante una inspección en el supermercado, los agentes observaron irregularidades que suponían un «grave riesgo para la salud de los consumidores», por lo que activaron al personal del la Consejería de Sanidad canaria, informa la Guardia Civil.

Juntos hicieron un inspección profunda del establecimiento que duró cinco horas y encontraron productos de alimentación, como cárnicos, conservas, productos manufacturados o pescado congelado, sin «las condiciones higiénico sanitarias necesarias para ser consumidos».

Los productos, sin etiquetas y de origen desconocido, estaban dispuestos para la venta en estanterías, arcones congeladores o cámaras frigoríficas.

La carne que estaba en los expositores y en una cámara frigorífica interior estaba caducada o carecía de etiqueta y el pescado congelado carecía de etiquetado, con fecha de consumición preferente superada o incluso con alteraciones por rotura de la cadena de frío.

En uno de los expositores había atún rojo en porciones de dos a tres kilogramos envasado por el propio establecimiento sin ningún etiquetado.

Había piezas enteras de atún rojo sin etiquetar en el interior de una cámara frigorífica interior y el responsable del establecimiento carecía de documentación sobre su procedencia.

La mercancía fue retirada para su posterior destrucción por parte de un gestor autorizado y el supermercado permanece cerrado y con su actividad suspendida de forma cautelar.

El propietario del establecimiento está acusado de un delito contra la salud pública.

La Guardia Civil recuerda que el artículo 363 del Código Penal castiga con prisión de uno a cuatro años a los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores.



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