Polonia, Letonia, Estonia y Lituania proponen retirarse del Tratado sobre las minas antipersonales

Polonia y los Estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia proponen retirarse de la convención internacional que prohíbe las minas terrestres, anunciaron los cuatro países el martes.

El cuarteto de naciones del flanco oriental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) citó la amenaza de Rusia como la razón para retirarse del tratado, que fue firmado en la capital canadiense de Ottawa en 1997 y entró en vigor en 1999.

En una declaración conjunta, los ministros de Defensa de los cuatro países afirmaron que, desde que se ratificó el acuerdo, la situación de seguridad en su región «se ha deteriorado de manera fundamental».

«Las amenazas militares a los Estados miembros de la OTA que limitan con Rusia y Bielorrusia han aumentado significativamente» y, como resultado, «es esencial evaluar todas las medidas para fortalecer nuestras capacidades de disuasión y defensa», dijeron.

Los ministros añadieron que necesitaban proporcionar a sus fuerzas de defensa «flexibilidad y libertad de elección para utilizar potencialmente nuevos sistemas y soluciones de armamento».

«A la luz de estas consideraciones, nosotros, los ministros de Defensa de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, recomendamos por unanimidad retirarnos de la Convención de Ottawa. Con esta decisión, enviamos un mensaje claro: nuestros países están preparados y pueden utilizar todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y nuestra libertad», afirmaron.

El Acuerdo de Ottawa, que ha sido ratificado o al que se han adherido un total de 164 países, tiene el título oficial de «Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción».

Su declaración de apertura establece que «prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas terrestres antipersonales (APL). Exige a los Estados parte que destruyan sus reservas de APL en un plazo de cuatro años y eliminen todas las existencias de APL, incluidas las minas actualmente plantadas en el suelo, en un plazo de 10 años».

Aunque la gran mayoría de la comunidad internacional lo ha firmado o se ha adherido a él, entre los 32 Estados no signatarios destacan Estados Unidos, China y Rusia.

La retirada permitirá a Polonia y a los países bálticos, algunos de los mayores contribuyentes de la OTAN en términos de porcentaje del PIB, comenzar a almacenar de nuevo las controvertidas municiones.

Sin embargo, en la misma declaración en la que anunciaban la retirada, las naciones afirmaron que «siguen comprometidas con el derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles durante los conflictos armados».

La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, dijo en una otra declaración que la retirada prevista tenía como objetivo permitir una protección eficaz de las fronteras de la región.

Finlandia, que también comparte frontera con Rusia, dijo en diciembre que también estaba considerando retirarse del acuerdo internacional debido al uso de minas terrestres por parte de Moscú en Ucrania.

El gobierno de Helsinki dijo que planeaba completar una revisión de su compromiso con la Convención de Ottawa a principios de 2025, diciendo que el país tendría en cuenta «el cambio en el entorno de seguridad, el desarrollo de tecnologías y las lecciones aprendidas de Ucrania, así como la importancia de los acuerdos de control de armas como parte del sistema de tratados internacionales».

En un informe publicado el año pasado por Landmine Monitor, el organismo de control internacional afirmó que Rusia, Birmania, Irán y Corea del Norte siguieron utilizando activamente minas terrestres en 2023 y 2024.

Según las Naciones Unidas, «Ucrania es ahora el país más minado del mundo, con un 23 % de su territorio potencialmente en riesgo de contaminación por minas terrestres y artefactos sin explotar».

La organización estima que la limpieza de las minas y proyectiles sin explotar desplegados durante la guerra costará alrededor de 34 600 millones de dólares.

La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, que busca erradicar el uso de estas armas de la faz de la Tierra, calificó la decisión de las cuatro naciones como «noticias devastadoras» y las acusó de «proyectar debilidad, no fuerza, y poner en riesgo la vida de los civiles».

Con información de Reuters y The Associated Press.